20-06-2019 - OPINIÓN La guerra jurídica Por Enrique Minervino. En varias oportunidades me he referido en esta columna a uno de los aspectos más graves del gobierno de “Cambiemos” que es la destrucción sistemática del estado de derecho que viene realizando desde el mismo momento que asumió en 2015. Esto ocurre por acciones concretas que llevó adelante el Poder Judicial persiguiendo a los políticos y dirigentes sociales opositores, la censura a los periodistas críticos y los permanentes intentos de violación de las leyes y la Constitución por parte del Poder Ejecutivo. El tema de la Justicia es sin duda el aspecto central porque es donde se origina la persecución a los opositores. En los años 70 y 80 esa persecución se realizaba por medio de los militares que utilizaban métodos como la desaparición, tortura y muerte de quienes se oponían a ese sistema opresivo. Ahora la herramienta utilizada es la Justicia. Así es que asistimos a una obscena “judicialización de la política” en la cual se utiliza de manera indebida este poder del Estado para la eliminación de los adversarios políticos. Para completar el círculo es necesaria la pata mediática, que cumple el papel de difundir todas estas acciones ante la opinión pública a fin de destruir la imagen de los acusados. El papel asignado a los medios es fundamental para concretar esta maniobra persecutoria, ya que ellos presentan a la sociedad esos procesos judiciales que son armados y sin pruebas, para direccionar a la opinión publica en contra de los políticos acusados. En esta judicialización de la política que se desarrolla en nuestro continente, se inscriben las acciones legales que deben afrontar los líderes progresistas y ex presidentes de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, de Brasil Dilma Rousseff y Lula Da Silva, y de Ecuador, Rafael Correa. Esto es lo que se llama “lawfare”, y que consiste en la “guerra jurídica” que entabla la derecha al servicio de la Embajada de Estados Unidos, contra aquellos líderes de gobiernos populares. La abogada y politóloga ecuatoriana, Angélica Porras expresó: "En general, cuando hay lawfare surgen procesos judiciales en momentos previos en las elecciones y se presentan recurrentemente en la prensa hegemónica, que busca instalar una opinión en contra de determinados políticos antes de que incluso pasen por los tribunales”. Es decir que a partir de la utilización de esta nueva forma de guerra, la ley es utilizada como el arma, el medio para conseguir el objetivo, con la eficaz ayuda de los medios. Y ese objetivo es el opositor político, el cual es extremadamente debilitado por la acción de la justicia y los medios, diezmada su capacidad de reacción y expuesto a la pérdida considerable de apoyo popular. La divulgación en Brasil de los chats privados, grabaciones de audio y videos entre el juez Moro y el fiscal Dallagnol, por parte de la revista web The Intercept, son la prueba sobre cómo se gestó el complot judicial que llevó a la cárcel al ex Presidente brasileño privándolo de la posibilidad de competir en la última elección presidencial. La Justicia tuvo allí un comportamiento ilegal que ahora sale a la luz con pruebas concretas a través de esas escuchas dadas a conocer, que determinan que la acusación hacia Lula Da Silva era lisa y llanamente una mentira, fruto de una causa armada entre el juez y el fiscal. Por algo el juez Moro dijo en su sentencia algo inexplicable desde el punto de vista jurídico, como que la acusación a Lula se basaba en una “presunción” de culpabilidad, sin contar con ninguna prueba. Hoy vemos que en Argentina ocurre lo mismo. La trama que se está desnudando con la causa que está llevando adelante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, es reveladora de cómo se constituyó una asociación ilícita entre miembros del Poder Judicial, el grupo Clarín, y miembros del gobierno para armar causas y perseguir opositores, principalmente a Cristina Fernández. Así actúa nuestro Poder Judicial, junto al poder político y mediático, en lo que es la versión criolla del lawfare, donde intervienen personajes como los periodistas del diario clarín, políticos de Cambiemos, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío. Tanto Bonadío en Argentina, como el juez Moro en Brasil, llevan adelante esta guerra jurídica contra los líderes populares, aquellos que llevaron adelante políticas públicas en favor de los sectores más populares, como es el caso de Lula que sacó de la pobreza a millones de brasileños, o Cristina que hizo que el salario promedio de Argentina sea el más alto de Latinoamérica, entre otras acciones. Por eso esta persecución. Porque para lograr estas cosas y muchas más, tocaron intereses de los poderosos. La respuesta de estos sectores de poder es el lawfare, es decir la persecución por medio de la Justicia. Como ya no es posible valerse de los militares para perseguir, torturar y secuestrar, ahora utilizan como arma la Justicia. Es el camino para eliminar al adversario político. Las palabras del Papa Francisco son las más clarificadoras a la hora de poner blanco sobre negro acerca de lo que el peligro que significa esta guerra jurídica desatada en Latinoamérica para perseguir a los líderes populares. Expresó Francisco: "El lawfare, además de poner en serio riesgo las democracias de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales". Todo dicho.