Una de las características del gobierno del ex Presidente Mauricio Macri, fue sin duda la persecución política a los opositores que durante cuatro años se realizó en forma sistemática y organizada. Como lo he expresado en más de una oportunidad en esta columna, fue la acción conjunta del gobierno, parte del Poder Judicial y los medios hegemónicos quienes llevaron adelante esta persecución y quienes manejaron de manera oprobiosa la vida de muchas personas en Argentina.
Uno de los artífices de esa persecución fue sin duda la llamada "Mesa Judicial" que desde el gobierno de Mauricio Macri se conformó, integrada por el Ministro de Justicia, German Garavano, y otros operadores judiciales con quienes constituyeron una verdadera asociación ilícita desde la cual se armaron causas y se determinó a quienes había que perseguir. Esta mesa judicial estaba integrada además por Pablo Clusellas, Roberto Mahiques, José Torello, Pepín Rodríguez Simón, el procurador Bernardo Saravia Frías y era el organismo (no constitucional) que diseñaba la política judicial del macrismo. Desde esta mesa por ejemplo se ideó aquella resolución tan reñida con la República como el como el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema en comisión al inicio del mandato de Macri.
Mahiques, miembro clave de esta mesa, es de tanta confianza de Macri, que fue a quien el ex Presidente designó para que siga en su nombre las causas judiciales en las que está involucrado. Contactos no le van a faltar ya que en estos años de operar en la justicia, pudo aceitar muchos vínculos en ella.
Esta intromisión en la Justicia por parte del gobierno de Cambiemos, fue denunciada también por la Organización de las Naciones Unidas quien a través de su relator hizo mención en un detallado informe a las presiones que el gobierno de Mauricio Macri realizó sobre la justicia y lo caracterizó como un "plan sistemático y estructural". La "mesa judicial"! fue la encargada de llevar adelante este plan, conspirando contra la independencia del Poder Judicial. Para el diputado nacional Leopoldo Moreau, este informe es motivo suficiente para conformar una comisión parlamentaria que investigue el rol de Macri en esa "mesa judicial", el rol de los servicios de inteligencia en este entramado, y el de los comunicadores sociales, cuyo accionar conjunto, sin duda vulneraron el estado de derecho.
Desde la mesa judicial se diseñaban las estrategias judiciales del gobierno de Macri y se determinaba cual sería el derrotero de la persecución política a los opositores. También los empresarios eran el blanco del accionar de la mesa. Cual tribunal inquisidor, desde ella se decidía a que empresario se iba literalmente a "apretar" para arrebatarle la empresa o para que inculpe a Cristina (la obsesión del ex Presidente). Un verdadero accionar delictivo. La "Mesa judicial" de Macri tenía muy clara su función. Decidía quien iría preso y quien no, o a que empresario había que apretar para robarle la empresa. Esto que se naturalizó en el gobierno de Cambiemos, es una atrocidad (otra más) que ocurrió durante el macrismo.
Clarísimo es el caso de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa dueños del grupo Indalo, quienes fueron apretados por el ex presidente y la mesa judicial con el objetivo de quedarse con sus empresas, en particular C5N. El ex Presidente estaba obsesionado con este exitoso canal de noticias, ya que nunca se "bancó" a los periodistas críticos a su gestión que allí trabajan y quería "borrar" literalmente todas las voces opositoras. El descarado y delincuencial "apriete" que Macri le hizo a Cristóbal López, quedó expuesto con la declaración del empresario cuando hizo público lo que el ex Presidente le dijo en su momento: "Necesito el canal para ir por Cristina. Hay que meterla presa", a lo que el empresario le contestó: "No no contés conmigo, no soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo". En este apriete del macrismo, también está vinculado el empresario Orly Terranova, que responde al íntimo amigo de Macri, Nicky Caputo. De Sousa denunció al ex piloto del Dakar que en nombre del Presidente lo presionó una y otras vez para quedarse con el canal. Un accionar delictivo indignante de un Presidente que se llenó la boca hablando de la República.
En su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, el nuevo Presidente de la Nación, Alberto Fernández fue contundente respecto de su plan de gobierno que tiene pensado ejecutar con relación al Poder Judicial. "Quiero que todos me ayuden a que pongamos en la Argentina un sistema judicial que no nos avergüence, que deje de ser usado para perseguir a los opositores, que usa la prisión preventiva para amedrentar los opositores", y agregó "en la Argentina que viene se terminaron los operadores judiciales, que se los prestan entre los jueces, y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos".
Fue una clara alusión a las operaciones mediático judiciales que fueron moneda corriente durante los cuatro oprobiosos años de macrismo en la Argentina. Un claro "blanqueo" de ese accionar delictivo impulsado por el gobierno de Cambiemos a través de la mesa judicial y de los operadores judiciales, entre los que también estaba el todavía Presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. La decisión política del nuevo Presidente es que esto no exista nunca más. Tal como ocurre en cualquier país republicano. Cambiemos gobernó el país en estos cuatro años sin respetar el estado de derecho, eludiendo los principales postulados que debe observar cualquier República. La mesa judicial de Macri fue la clave de esta vulneración de la República y el estado de derecho. Quienes dijeron defender la Republica, fueron quienes más la deterioraron. Por ello, más que nunca, esperamos que con la mesa judicial y los operadores, se haga justicia.
